Un grupo de estudiantes y, además, trabajadores, me pide que por este cauce haga una reflexión sobre los específicos problemas que plantea para los funcionarios una política de recortes tanto de sus derechos estatutarios como de los económicos. La petición se hace a través de una dama y ya sabéis de mi debilidad de género. Soy como esos sesudos investigadores de vacunas que, tras años de trabajo, no consiguen que en fase clínica se les cure ni uno. Hombre, alguna se ha curado, pero nada para lo que me merezco.

La petición ha dado la casualidad de que se produjera el día antes de la Sentencia de Portugal y ya adelanto que, en mi opinión, deberían poner sus barbas a remojar. Los dos casos son mucho más parecidos de lo que parece pues no se trata sino de interpretaciones de la igualdad y ésta es similar por lo menos en todo el ámbito europeo.

La legislación de funcionarios se caracteriza por un deseo expreso de salvaguardar el desastroso panorama del siglo XIX con su sistema de despido libre que ha pasado a conocerse con la cursi expresión inglesa del «spoil system» o, más en estilo galdosiano, las cesantías. Eran despidos masivos con motivo de la entrada de un nuevo gobierno que solo tenía la atenuante de revertir con la entrada del siguiente, cosa que no se hacía esperar demasiado. Entre tanto existían las masas de cesantes.

Semejante estado de cosas motivó el nacimiento de legislaciones protectoras con el pretexto de salvaguardar la imparcialidad en la actuación o la independencia de criterio que viene a ser lo mismo. Así surgen los Estatutos que son las normas básicas de la función pública y que tienen un tufillo de encubrir alguna suerte de pacto. Por encima quedaban los cargos políticos, situación que también se modificó a partir de los años ochenta con el fin de restringirlos en la mayor medida posible y exigir que para muchos cargos se exija la condición de funcionario.

Los derechos económicos sufrieron una evolución diferente. La inclusión de sistemas de retribución supuestamente vinculados a la productividad o a la especial responsabilidad del puesto provocó en la práctica una marcha atrás de la evolución. De esta manera los concursos para la provisión de puestos devinieron en una farsa por todos conocida y los complementos por puesto o productividad posibilitaron que, en la práctica, el poder político retomase su original poder sobre los funcionarios. Me atrevo a decir que los sistemas de la UCD fueron mucho más objetivos que los implantados después por el PSOE y que fueron seguidos con igual entusiasmo por el PP.

Los mecanismos jurídicos de las reformas fueron la consecuencia lógica de lo hasta ahora expuesto. Mucho derecho adquirido y consolidado y aplicación estricta de supuestos derechos a la igualdad, como ha sucedido en Portugal.

Todo este esquema hace crisis, en primer lugar, con una derivación inesperada de la igualdad que procede de la comparación de la situación funcionarial con la de los  trabajadores por cuenta ajena. Hasta entonces esto se obviaba por la diferencia salarial en favor de éstos pero a partir de los años 90 tal diferencia no es tan relevante y, por contra, el paro empieza a cebarse con los trabajadores del sector privado mientras que la Administración disfruta de un evidente sobreempleo más notorio aún con la consolidación de las Autonomías.

En este panorama llegan los célebres recortes. Los que viene de los derechos traen causa de tratar de igualar una situación muy privilegiada con la común de los privados donde los controles sobre horarios o vacaciones son moneda común y donde la definición de obligaciones es mucho menos rígida a fin de obtener teóricos rendimientos productivos y ello cuando la reducción de plantillas, algo que cualquier conocedor estima elemental, es sumamente complicada si no imposible.

El segundo factor es muchísimo más delicado y consiste en la falta de fondos públicos y la obligada supeditación a los criterios de la Unión Europea sobre su provisión. Allí no se tienen iguales baremos de sensibilidad sobre la situación de los países y no se comprende el mercadeo con expectativas electorales.

En definitiva, la tormenta perfecta. A la igualdad se suma la carencia de dinero y saltan por los aires los principios de la propia igualdad y de  independencia. Las legislaciones se adaptan a la crisis de los derechos adquiridos y la sagrada, hasta hora, irretroactividad de las medidas. Por mi parte puedo, partiendo de la base de que cualquier solución evidente es imposible,  establecer algunas conclusiones.

1ª Es difícil aportar soluciones en Administraciones sobredimensionadas. Es preciso su disminución de efectivos y una mayor libertad en la inamovilidad. No puede ser que en la Justicia la carga de trabajo desborde todas las posibilidades de obtener una cierta eficacia y en la Administración Civil haya muchísimos funcionarios mano sobre mano porque no tiene labor asignada.

2ªEl Ejecutivo ha de tener libertad para asignar medios y el dinero no se inventa y, cuando se inventa, mediante el crédito, no se hace sino aumentar el paro. No estoy de acuerdo, en principio, con el Constitucional portugués. A base de igualdad cualquier política es también imposible y, al cabo, habrán de buscarse desigualdades peor defendidas.

3ª Los principios básicos de la función pública, como son la imparcialidad y la solidez de derechos no pueden ser abandonados. Ha de perseguirse con mayor ahínco la obtención de resultados en la selección objetiva del personal y la protección de su independencia en la propuesta de resoluciones. Los sistemas disciplinarios, incluyendo los despidos, han de asimilarse a los de las empresas privadas. Los privilegias, Moscosos y demás, han de desaparecer en aras de un servicio público sin lastres históricos y acordes con la aplicación de los principios democráticos.