Con la llegada al Tribunal Constitucional del George Cloony de la judicatura, también conocido como el Bello López, ha empezado a pasar lo que estaba pronosticado, esto es, ver al Constitucional convertido en la crónica rosa de los Tribunales, para mayor escarnio de su ex Presidente que hasta el último momento ha reivindicado el carácter estrictamente profesional y jurídico del órgano haciendo bueno el dicho latino de excusatio non petita accusatio manifesta.

Por cierto, el de la accusatio se había distinguido hasta la fecha por su oposición, dentro del frente de izquierdas, a la candidatura de López. Ahora esgrime su voto de calidad para dejarle pasar. ¿ Se habrá caído del caballo, cual San Pablo, o le habrán animado de alguna forma como,  por ejemplo, algún retiro privilegiado ? Estaremos atentos a la pantalla.

López se ha venido arriba y, como ha hecho en todos los cargos que el PP le ha ido dando, opina de lo divino y lo humano aprovechando el cargo sin duda porque a pelo nadie le escucharía. Ya le dice al juez de Blesa lo que tiene que hacer y así seguirá hasta el infinito para mayor gloria de las periodistas, si llega a haber más de úna, que compartan su intimidad. Ya no estarán los «medios » a la espera de las sentencias sino a la caza de los romances.

Así estaban las cosas cuando he tenido ocasión de indagar en un gran conflicto burocrático que explica, y más aún explicará, gran parte de los problemas que están surgiendo en la investigación de los delitos fiscales. Con motivo de la presentación en el Colegio de Abogados de Madrid del libro de Isabel Espejo «Administración Tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal» he tenido ocasión de comprobar la subsistencia de una ya antigua pelea entre los Inspectores de Hacienda y los órganos judiciales. Isabel es persona de firmes convicciones y carácter enérgico y, además y por si fuera poco, es Inspectora de Hacienda y acreditada estudiosa con formación alemana. Según los discursos de presentación – yo lo sabía porque la conozco hace bastantes años – militó en el PC. Bueno, Isabel no está nada de acuerdo con la «injerencia» de los jueces penales en las facultades inspectoras.

Según ella los jueces sólo pueden dictar las penas pero para investigar ya están los inspectores, que no deben verse perturbados por aquéllos pobres inexpertos. Lo más que se puede permitir es la intervención de los jueces contenciosos al cabo blanditos, casi tan inexpertos como los otros, y menos virulentos en sus fallos. Sus esperanzas están puestas en la reforma Galardón que otorga  a los fiscales las facultades de instrucción y ya se sabe que los fiscales están para firmar los papeles del Inspector. En fin, que buena se puede armar y que ahora ya se entiende la razón de lo que comentamos hace algunas semanas, que la Agencia dijo por su cuenta y riesgo que la Infanta no había hecho delito alguno, algo precisamente sostenido por la fiscalía. Vaya tropa.